Este mes de julio ha entrado en vigor una de las reformas más esperadas por propietarios, profesionales inmobiliarios y comunidades de vecinos: el Gobierno ha activado nuevas medidas que refuerzan la protección frente a la okupación ilegal y regulan de forma mucho más estricta el uso de viviendas para alquiler turístico.
Cambios que impactan directamente a quienes gestionan inmuebles, alquilan una vivienda, buscan seguridad jurídica para su inversión o simplemente quieren vivir con tranquilidad en su comunidad.
Desahucios exprés: una respuesta rápida ante okupas
Con la nueva Ley Orgánica 1/2025, los propietarios que sufran una ocupación ilegal ya no tendrán que esperar meses para recuperar su vivienda. Desde abril, pero ya plenamente aplicada este mes, se establece un procedimiento acelerado que permite:
- Comparecencia judicial en 15 días
- Sentencia en solo 3 días
- Desalojo inmediato en 48 horas si se trata de vivienda habitual y se acredita allanamiento
Además, se endurecen las penas por ocupación violenta o reincidente. Aunque la ley no abarca todos los casos de impago (como los inquiokupas), sí representa un importante avance en protección al propietario.
Para los profesionales inmobiliarios, esto supone mayor seguridad a la hora de asesorar, cerrar operaciones de compraventa o valorar garantías en alquileres.
Alquiler turístico: fin a la barra libre en plataformas
Desde el 1 de julio, ha entrado en vigor un nuevo registro obligatorio para las viviendas de uso turístico (VUT). Cada propiedad debe contar con un código identificativo oficial que debe mostrarse claramente en plataformas como Airbnb o Booking.
Y no es opcional: si un anuncio carece de ese código, las plataformas tienen 48 horas para retirarlo o se exponen a sanciones de hasta 500.000 euros. El Ministerio de Consumo ya ha exigido el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales y la medida ha sido respaldada por la justicia.
Este nuevo control tiene como objetivo garantizar la legalidad, evitar la competencia desleal y proteger el equilibrio en zonas saturadas de turismo.
Las comunidades de vecinos ahora tienen voz y voto
Otra novedad destacada es que la comunidad de propietarios puede ahora vetar el uso turístico de una vivienda si no cuenta con el apoyo de al menos el 60 % de vecinos (en coeficientes y número). Una herramienta esperada por muchos vecinos que veían cómo el alquiler vacacional alteraba la convivencia en sus edificios.
Esto supone un cambio profundo en la gestión de comunidades, y un punto clave que deben tener en cuenta tanto propietarios como gestores inmobiliarios a la hora de invertir o alquilar un inmueble con fines turísticos.
¿Qué significa todo esto para el sector?
Estas medidas no son solo un marco legal, sino una señal clara de hacia dónde va el mercado inmobiliario en España:
- Más seguridad para invertir en vivienda habitual o en alquiler tradicional
- Mayor estabilidad para cerrar hipotecas sin incertidumbre legal por ocupaciones
- Más transparencia en el alquiler turístico, con beneficios para propietarios que cumplen la ley
- Revalorización de zonas residenciales que frenan la masificación turística
Para quienes vivimos de este sector, es el momento de actualizar nuestros protocolos, asesorar con rigor y anticipar los cambios que vienen.
Conclusión
Julio de 2025 marca un antes y un después: okupas fuera en días, plataformas bajo control, y vecinos con poder de decisión real. La vivienda vuelve al centro del debate, y como profesionales, debemos estar a la altura: informados, alineados con la normativa y enfocados en ofrecer un servicio seguro, legal y humano.
